Nº 301  2ª Etapa  |  Director: Juan E. Iranzo  |  19/12/2018

La mirada perdida

Ismael Crespo

México ha sido noticia durante meses en nuestros medios de comunicación por la violencia que genera el narcotráfico y la delincuencia común. Ningún territorio de la Federación se ha escapado a una ola de crímenes, violencia y secuestros que lleva golpeando al país con especial dureza a partir del sexenio de Calderón. El segundo de los presidentes panistas que quiso construir un relato a partir de la lucha contra el narco, como lo hiciera Uribe en Colombia, acabó su mandato con una imagen de derrota ante el poder de los cárteles de la droga, tanto los tradicionales como los nuevos grupos más sanguinarios como los Zetas. La violencia no ha parado desde entonces, a pesar de que hoy, tras la asunción en diciembre de 2012 del Presidente Peña nieto, se hayan moderado las noticias al respecto tanto en los medios nacionales como internacionales. Una tímida autocensura por parte de los medios de comunicación, algunos de los cuáles más poderosos mantienen una afinidad con el nuevo mandatario, sumada a unas medidas de cambio en la lucha contra el crimen organizado y a un nuevorelato, el Pacto por México, que sustituye a la monotemática agenda construida por el anterior presidente, centrada casi de manera exclusiva en la guerra contra los cárteles, están dando un respiro a la imagen tanto interna como externa del poderoso país azteca.

Es pronto para hacer un prospectiva de cómo se canalizará el conflicto entre el Estado y los poderosos ejércitos de la droga durante el próximo sexenio priísta, pero al menos parece que el cambio político en México abre una ventana de oportunidad en este país para armonizar los intereses de los grupos de narcotráfico íntimamente ligados al tráfico de armas que se genera desde los Estados Unidos, especialmente importante a partir de las guerras abiertas por este país en Oriente Medio y el Asia Menor. Además del control de la situación interna, tanto por medio de la apertura de canales de diálogo como por la orientación de la lucha del crimen con nuevas unidades policiales y militares no contaminadas por la corrupción, se torna una variable muy importante el papel de la comunidad de estados americanos, y su visión sobre el cultivo y tráfico de drogas.

Precisamente este asunto centró la última reunión de la Organización de Estados Americanos celebrada en La Antigua (Guatemala) esta semana pasada. Aunque la reunión no logró acuerdos concretos -¿qué reunión hoy en día logra acuerdos?-, al menos sentó las bases para un planteamiento hemisférico sobre el problema de la droga y, lo más importante, hizo partícipe de esta visión a la administración Obama, hasta ahora reticente ante cualquier debate abierto sobre el narcotráfico y la delincuencia que genera en América Latina. Una posición que los países del área andina (como productores), y de Centroamérica y México (como traficantes), esperan culmine en algún tipo de estrategia de cara a la Conferencia sobre Drogas convocada por Naciones Unidas para dentro de tres años. Pero durante estos tres años de espera, la OEA espera avanzar en las líneas políticas expuestas durante esta última reunión: control de la demanda, incluyendo políticas de despenalización, como han hecho en Colorado o California, o la recientemente aprobada por el Parlamento uruguayo, o los planes a este respecto que se discuten en Guatemala y los incluidos en la nueva política del gobierno de Peña Nieto (coincidentes con las pintorescas declaraciones del ahora aliado del Presidente, el ex mandatario, 2000-2006, Vicente Fox, que se propone producir marihuana en cuanto sus uso se declare legal); y políticas sociales que ayuden al desarrollo tanto de las regiones productoras como de aquellas que son foco del tráfico desde el sur del país hacia la frontera norteamericana.

Las políticas sociales y de ayuda al desarrollo no sólo se han convertido en este escenario en la típica demanda de los países pobres del Sur a su vecino (consumidor) del Norte. También forman parte de las estrategias internas de los propios países. La nueva administración mexicana es muy consciente de esta necesidad, orientada tanto al interior de sus fronteras, como al exterior de las mismas. El tráfico de drogas está íntimamente ligado al subdesarrollo regional y a la inmigración -incluido el tráfico de seres humanos- desde Centroamérica hacia México y –si llegan- a Estados Unidos. Desincentivar el tráfico en origen, reduciendo el nivel de subdesarrollo de las zonas fronterizas tanto en territorio nacional -compromiso número 67 del Pacto por México- como en los países de paso, que también arrojan un saldo inmigratorio terrible para México, será parte de la estrategia del gobierno de Peña Nieto a partir del próximo 7 de julio, una vez finalizados los procesos electivos regionales en los estados de Baja California Norte y Veracruz, y municipales en más de 900 localidades de catorce estados.

Para este nuevo enfoque sobre la inmigración desde Centroamérica y el tráfico de drogas que en buena parte nutre desde ahí a los cárteles mexicanos, la administración federal está poniendo en marcha un ambicioso proyecto de ayuda al desarrollo y control de fronteras, articulando a los estados sureños bajo el mandato de la Marina, única de las tres ramas de las fuerzas armadas en la que aún no se detectan indicios de contaminación por el narcotráfico. Esta estrategia supone una mirada profunda al patio trasero de México, una vez que éste ha perdido la calificación que antes le otorgaban los Estados Unidos.

Centroamérica, en especial, Guatemala -y Belize-, pero sin olvidar Honduras y El Salvador, son focos hoy de enorme distorsión tanto para la política del control de la violencia asociada al tráfico de drogas como para la política migratoria del país azteca. México está descubriendo que los problemas de la mítica frontera norteña han sido superados por los enormes desequilibrios que se están produciendo en Centroamérica, única región latinoamericana que no crece ni se desarrolla al ritmo ni de sus vecinos del norte ni del sur. Abandonada por los países del Sur, centrados en sus procesos de cohesión regional propia, tanto económica, Mercosur o ACP, como política, UNASUR y la iniciativa ALBA, y por su padrino durante tantos años, ahora ocupado en sus operaciones político-militares de Irak y Afganistán, su único visitante ilustre de los últimos tiempos es China, aunque tampoco está ha sembrado su campo de dólares-yuanes.

Para México, Centroamérica, en el contexto de sus políticas migratorias y de control del tráfico de drogas, se convierte en una ventana de oportunidad para abrir una estrategia de política exterior de amplias miras hacia el Sur del continente. Es aprovechar la contingencia que impone la situación de la frontera y el pragmatismo del nuevo concierto latinoamericano para encontrar unos socios estratégicos en América Latina, donde perdió su mirada hace ya tantos años, en especial tras el TLC y la presidencia de Fox. Una sociedad con países latinos que apenas ahora puede aspirar a tener con Chile y Perú, en el marco de la APC, en contraste a las iniciativas políticas apadrinadas por UNASUR y el ALBA, donde ambos países del Pacífico no se acaban de encontrar, y con Colombia. México tiene una oportunidad de recuperar hoy la mirada que perdió hace dos décadas hacia el Sur del continente, comenzando por recuperar un espacio para su ecosistema al sur de la frontera que hoy, más que nunca, se le torna un desequilibrio para sus políticas y el acceso a la modernidad que expresa el Pacto por México.


Dr. Ismael Crespo Martínez
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración

http://www.ismaelcrespo.com/
https://twitter.com/IsmaelCrespo

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